Sur de Posadas
17-06-2021 | 09:06
Hoy iniciaron las tareas de relevamiento para regularizar el Barrio “Alberto Fernández”
El equipo social de la Dirección de Emergencia Social del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) inició el miércoles 26 de mayo las tareas de relevamiento para regularizar –en una primera parte- la situación dominial de la familias asentadas en el autodenominado Barrio “Alberto Fernández” del Departamento Capital.
Durante los meses de marzo/abril del 2020 se produjo una nueva intrusión masiva en terrenos de propiedad privada ubicados al sur de la localidad de Posadas. El lugar se encuentra sobre el acceso al Barrio Néstor Kirchner de esta ciudad, frente al asentamiento Los Patitos II, razón por la cual, en un principio fue nombrado como Los Patitos III, pero también denominado por las familias ocupantes como Barrio “Alberto Fernández”.
En el lugar son cuatro las propiedades que se encuentran ocupadas de manera irregular, por un total aproximado de 167 familias que se ubicaron de manera dispersa sobre la totalidad de los terrenos.
El conflicto surgió cuando en el mes de agosto del 2020, dos de los propietarios de los mencionados lotes, tras haber iniciado un juicio obtuvieron una sentencia de desalojo.
Al recibir la orden judicial las familias ocupantes de esas dos propiedades acudieron al Estado en búsqueda de una solución, siendo atendidas por la Dirección General de Coordinación- Subsecretaría de Coordinación y Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete. Dicha Dirección, a partir del mes de septiembre del 2020 constituyó una mesa interinstitucional tendiente a la búsqueda de una solución conjunta a la problemática de las familias.
La misma fue integrada por la Municipalidad de Posadas, la Subsecretaría de Tierras de la Provincia, el Diputado Martín Sereno, representantes de las familias ocupantes y de movimientos sociales (Evita y CCC), el IPRODHA y los propietarios.
Después de varias reuniones, el 04 de marzo del corriente año se llegó a un acuerdo entre los ocupantes y los propietarios, a fin de que los primeros puedan acceder a la compra del inmueble en conflicto. “Para ello, el IPRODHA aplicará su Resolución Reglamentaria 210/19 con el objeto de facilitar todo el proceso legal y administrativo que implica dicha transacción y facilitar la herramienta del débito automático a fin de promover y otorgar cierta seguridad en el cumplimiento del pago por parte de los adquirentes”, indicó al respecto, la Directora de Emergencia Social del IPRODHA, Lic. Lucia Bauman.
Actualmente ya fueron iniciados los trámites necesarios para la contratación de la mensura sobre dos de las cuatro propiedades. Según una planimetría realizada por el Instituto y visada por la Municipalidad surge que se pueden constituir 75 (setenta y cinco) lotes por un lado y 50 (cincuenta) con el otro propietario, 125 lotes en total.
Al respecto, Bauman, comentó que “teniendo en cuenta lo mencionado inicialmente respecto a la cantidad de familias distribuidas en todo el asentamiento (167), en esta primer instancia se podrá dar solución a 125 familias, siendo fundamental para el avance del mencionado proceso la aprobación de la solicitud de adhesión al programa de mediación por parte de los propietarios, ya que de ello depende dar continuidad a la contratación de la mensura necesaria para avanzar con la planificación de reubicación de familias y posible esponjamiento (reubicación interna de las familias dentro del barrio). Se debe considerar que muchas de ellas se encuentran asentadas sobre lo que debe ser vía pública, por lo cual se deberá proceder a un fuerte reordenamiento de la ocupación”, precisó la responsable del área de Emergencia Social del Instituto.
Confirmó que el relevamiento social, de las familias ubicadas en el lugar, se inició a fines del mes de mayo, ocasión en la que se trabajaron los requisitos necesarios para proceder a la confección del Boleto de Compra Venta entre las partes.
Cabe mencionar, que del acuerdo entre las partes, también surgió el monto que deberán abonar las familias, de $ 3.500 iniciales, ajustado por UVI con un tope de incremento mensual correspondiente al 2%, debitadas de una cuenta bancaria que deben declarar los adquirentes”, concluyó la licenciada Bauman.